Bajo la ley federal y estatal, el gobierno está obligado a entregar todas sus pruebas en un proceso conocido como descubrimiento. En Texas, la Ley Michael Morton abre este proceso y requiere que el gobierno entregue todos los informes policiales, videos de la parada, informes de laboratorio y llamadas al 911 al acusado. También tiene que entregar las pruebas que puedan utilizarse para desacreditar a los agentes de policía. Por ejemplo, si un agente ha sido sancionado anteriormente, amonestado o despedido. La fiscalía no puede ocultar esto a la defensa.