Si una persona es condenada por un delito de usurpación de identidad, puede tener dificultades a la hora de solicitar un empleo. Los empleadores pueden pensar que alguien con este tipo de condena en su historial no es digno de confianza. Además, ser un delincuente condenado puede afectar a cosas como el derecho de voto y la posesión de armas de fuego.